Una vergüenza nacional resultó ser, sin atenuantes, la Reforma a la Justicia, después de la reunión secreta de la Comisión de Conciliación del Congreso, para acordar el texto final del Acto Legislativo que acaba de aprobar la Corporación. Ni siquiera la renuncia del Ministro de Justicia amaina el rechazo y el malestar del país, frente a un hecho que desafía las propias instituciones, deja al descubierto los escondidos intereses de nuestros congresistas y pone la justicia al servicio de los intereses personales de unos magistrados insaciables y unos legisladores corruptos.

Cómo entender que una docena de congresistas se reúnan a puerta cerrada a intercambiarse favores y privilegios con los máximos representantes de la Rama Jurisdiccional del Poder Público y con el silencio cómplice del Gobierno; mientras todos los colombianos se tragan el cuento de que con la Reforma a la Justicia por fin habrá pronta justicia para los colombianos, decisiones justas y en derecho y desaparecerá esa lucha de poderes entre los altos tribunales del país.

En dónde quedó la promesa del Ejecutivo de ponerle orden a la administración de justicia, de modernizar la estructura de la Rama y acabar con las instituciones que se habían convertido en un costoso e intocable estorbo para la aplicación de la ley. Y el compromiso de las Altas Cortes de facilitar y acompañar esta tarea, en dejar de lado tanta soberbia y celos de poder, y de pensar más en el país que en sus propios intereses, y el anuncio del Legislativo de estudiar con juicio, con  dedicación y con mente amplia y desprovista de cualquier interés, la propuesta elaborada y presentada por el Gobierno.

Quién entiende que mientras se buscaba la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, lo que haya resultado ahora es una cadena de privilegios para los congresistas frente a ella, al punto que hoy estos personajes podrán cometer las peores fechorías y seguirán gozando de libertad como si no hubiera pasado nada, hasta tanto no sean llamados a juicio por el delito investigado, y además tendrán un juez especial y sobre el cual será evidente la influencia de la política.

Y todavía peor, que la Reforma suspenda los procesos y diligencias que se estaban adelantando contra por lo menos medio centenar de congresistas y algo más de una docena de los más altos exfuncionarios del Gobierno nacional, por pérdida de competencia de las entidades que hasta esta semana estaban encargadas de investigarlos y juzgarlos. Es decir, en la práctica, que el tan anunciado y ponderado Acto Legislativo saque a la calle nadie sabe cuántos delincuentes de cuello blanco y cubra de impunidad todos los delitos que cometieron.

Y quién se explica que mientras el país busca un trato igual para todos los trabajadores frente a la ley de jubilación, a los magistrados de la Altas Cortes les ampliaron, en un evidente cruce de favores y canonjías, el período y la edad de retiro forzoso, y la base del salario de liquidación de la pensión será ahora el promedio del salario sólo del último año.

Da dolor de patria, pues, ver cómo a los ojos del todo el país los más altos representantes de la justicia y los que se dicen ser los auténticos representantes de los colombianos en el Congreso, se encierran a negociar la majestad de la justicia y a cruzarse de la manera más vulgar favores y privilegios; mientras el Gobierno se tapa los ojos y el ministro del ramo hace el oso ante el país celebrando una supuesta “Misión cumplida”, sin saber siquiera lo que estaba diciendo.