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EDITORIAL

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Para el efecto es lo mismo
Publicado 14/11/2017

El pasado sábado once de noviembre entró en vigencia la famosa Ley 996 de 2005 o Ley de Garantías Electorales que tuvo como espíritu garantizar la igualdad y la imparcialidad de las diferentes administraciones frente a los debates electorales que se van a realizar en el país y que en este caso serán, primero el que renovará el Congreso de la República y luego, el que elegirá presidente y vicepresidente de la República.


La ley que fue motivada por la necesidad de ofrecer garantías electorales a los candidatos competidores en el proceso que buscaba la reelección del presidente Uribe, dicta restricciones para la contratación directa, para la celebración de contratos interadministrativos y de prestación de servicios en el nivel ejecutivo, y para el nombramiento y remoción de funcionarios de primera línea.


Además, durante la vigencia de la ley a los servidores públicos les está prohibido presionar a alguna persona para que respalde determina campaña política, difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido político, participar en reuniones proselitistas, inaugurar obras públicas o dar inicio a programas o campañas sociales, usar recursos públicos para favorecer a alguna campaña y asistir a eventos en los que participen candidatos a algún cargo de elección popular.


Esto quiere decir que, a partir de esta semana y hasta pasado el debate presidencial el 27 de mayo o hasta junio si hay segunda vuelta, el país se paralizará desde el punto de vista de la contratación pública directa y de la vinculación de personas por la modalidad de prestación de servicios que hoy es la más usada en la administración pública y todo se quedará para el segundo semestre del año entrante.


Con esto, la pregunta que nace es sí vale la pena paralizar al país durante seis o siete meses, o ponerlo a correr, como están hoy todas las administraciones, bregando a dejar todo contratado y adjudicado antes de que entre en vigencia la Ley de Garantías, cuando para el efecto es exactamente lo mismo.


En la práctica lo que sucede es que, en vez de hacerse los contratos y los ajustes burocráticos con miras a impulsar determinadas campañas políticas, faltando menos días para las elecciones, se realizan desde ahora; pero el fin es idéntico, favorecer al candidato o los candidatos oficiales del Gobierno de turno.


Nos parece, pues, que la llamada Ley de Garantías lejos de ser una norma útil que les da transparencia a los comicios electorales, garantías a todos los candidatos y que previene la participación de los funcionarios público en determinadas campañas, lo que hace es entorpecer y retardar la marcha de las administraciones.

 
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