La nueva ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, reconoció en Pereira luego de una visita a la cárcel “La Cuarenta”, que el problema carcelario del país ha alcanzado dimensiones insoportables, que el hacinamiento supera más del 200% la capacidad de los actuales centros de reclusión, que el número de guardias es muy inferior al requerido para una población como la que hoy tienen nuestras cárceles y que los servicios básicos de salud educación y recreación prácticamente no existen en la mayoría de estos lugares.

Sin embargo, a la pregunta de ¿qué estrategia tenía el Gobierno para enfrentar el crítico problema?, respondió que el gran plan de descongestión carcelaria estaba dirigido a ver como se podían agilizar las solicitudes de libertad que había pendientes de resolver en los juzgados de ejecución de penas y a implementar una política criminal más blanda y que permita que las penas en varios delitos se puedan pagar con detención domiciliaria.

Es decir que el Gobierno en vez de estar trabajando para ver como atiende adecuadamente el desafortunado crecimiento de la población carcelaria del país y como les brinda a estas personas condiciones más humanas para cumplir el castigo que les impone la ley por violarla y causado mal a alguien y a la sociedad, lo que está haciendo es viendo cómo echa a la calle a estas personas y deja que la comunidad se defienda como pueda de estos delincuentes; o lo que es más grave, como despenaliza muchas de las conductas delictivas y las deja prácticamente como una amonestación y de pronto con unos días de encierro en sus casas.

Si el Estado es incapaz de garantizar la seguridad de sus habitantes y la tranquilidad en las ciudades con buena parte de los delincuentes en las cárceles, cómo sería con estos de nuevo en las calles delinquiendo o atemorizando a la comunidad; y más común aún, si las autoridades carcelarias no pueden evitar que desde estos lugares se extorsione a ciudadanos de bien o que los presos sigan desde allí delinquiendo, menos va a poder con estas personas pagando sus condenas en sus casas, sin quien los vigile ni controle sus teléfonos.

La sociedad lo que necesita es que quienes no puedan vivir dentro de la ley, sean aislados de ella y castigados conforme a las normas vigentes, pero garantizando por supuesto, sus derechos como personas que son.

Por eso, mientras el Estado no sea capaz de educar a sus ciudadanos y lograr que cada días sean menos los delincuentes, lo que tiene que hacer el Gobierno es construir más lugares donde llevar a estos infractores y propiciarles unas condiciones más humanas de estadía, en vez de estar pensando en cómo los devuelve a la calle para que sigan haciendo daño y arrinconando la comunidad.