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La Corporación Jueces de paz denuncia desalojo de la UPPV
Publicado 14/11/2017

 

La situación se viene presentando desde la semana pasada, en donde la Corporación Jueces de Paz (Corjupaz), no tiene permitido el ingreso al establecimiento. “Sin explicación alguna se nos ha prohibió la entrada a un sitio público,  en donde hemos venimos ejerciendo nuestra labor como  líderes comunitarios, elegidos por voto popular. No entendemos qué está pasando porque desde el dos de noviembre se nos ha impedido el paso”, sostuvo el vicepresidente de la corporación, José Roberto Olarte. 

 

No obstante, los afectados aseguran que cuando pueden entrar, son custodiados por el guarda de seguridad, quien además cierra el lugar para acompañarlos constantemente, lo cual los hace sentir como si fueran delincuentes, pues indican que solo quieren seguir ejerciendo su labor y realizar los diferentes procesos jurídicos que tienen a su cargo. 

 

La problemática se acrecienta, puesto que los jueces afirman que sus equipos fueron husmeados. “No sabemos de dónde salió la orden, pero sacaron todos los elementos de la oficina y luego los volvieron a ingresar. Esto es muy delicado, porque allí hay más de 2.000 procesos y esos documentos hacen parte del Consejo Superior de la Judicatura de la rama judicial”, agregó Olarte.

 

Por otro lado, los jueces piden el derecho a la igualdad ya que sus colegas de la Asociación Ajuper están laborando sin ningún percance. No obstante, debido a la situación, los implicados interpusieron una tutela pues siente que sus derechos están siendo vulnerados.

 

La UPPV responde

 

Nora Cecilia Cardona, coordinadora de la Unidad Permanente de Protección a la Vida indica que los únicos jueces de paz que están legalmente constituidos es la Asociación Ajuper y que Corpupaz, es una entidad que no está legalmente establecida, pues no tienen ningún vínculo constitucional con el municipio, y que además se habían apoderaron de la oficina ‘207’.

“El año pasado, cuando ingrese a las instalaciones, realicé unas reuniones para verificar la documentación de cada una de las oficinas, pero Corpupaz nunca demostró tener dichos papeles. Por  tanto se inició una investigación con los abogados de la Secretaría de Bienes de la Alcaldía y se instauró una querella para recuperar el espacio”, sostuvo la coordinadora. Así pues, el 25 de octubre a las 10:00 de la mañana,  el fallo salió a favor de la UPPV, y en horas de la tarde, otra instancia falló a favor de los jueces de paz, pero al parecer esta tutela no es válida, porque ya había una orden de desalojo emitida y aceptada por la querella que emitió primero la UPPV.

Dadas las circunstancias, no pueden ingresar a la oficina. Sin embargo, pueden entrar a las instalaciones acompañados por el guarda de seguridad, ya que han accedido de forma fraudulenta al sitio. “Ellos pueden venir como cualquier ciudadano, pero no pueden dirigirse a la oficina 207, además como los acompaña el vigilante, debemos dejar la puerta cerrada para evitar alguna problemática porque aquí hay población sindicada de la libertad, por eso debemos tomar medidas preventivas”, precisó Nora Cecilia Cardona.

 

Finalmente, la preocupación recae en varios ciudadanos, que han preguntado sobre los procesos que estaban realizando con Corjupaz, quienes son direccionados al Palacio de Justicia de la 40 a las salas de las judicaturas.

 
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