Rodrigo Ocampo Ossa

La  revolución francesa introdujo en el lenguaje político el  concepto  de los derechos del hombre, un breve listado  que incluye la libertad,  igualdad, la propiedad, la seguridad y la facultad de resistir ante la opresión. 

La racionalidad de esos derechos convirtió la declaración en un referente del cual ninguna organización política puede salirse, por lo menos nominalmente, sin estar condenada al fracaso.  

En la segunda mitad del siglo XX se produjo una serie de declaraciones sobre derechos que fueron llamados de segunda generación, vinculados teóricamente a la igualdad, cuyo componente esencial es la intervención activa del Estado para garantizarlos.  Y  en los años 80 aparecieron nuevas propuestas de derechos, llamados de tercera generación,  relacionados con  la solidaridad planetaria, una aspiración intelectual como el derecho a la paz o la calidad de vida. 

A pesar de su popularidad    la promesa de derechos sociales como el acceso a  una buena educación, a vivienda o salud no constituyen un conjunto de verdaderos derechos.  Son beneficios  a los cuales el común de la gente aspira pero cuyo desarrollo tiene un costo  enorme.

Para garantizar la  educación, la salud, y la vivienda  en igualdad de condiciones  a gran parte de los  ciudadanos es  necesario privar a otra parte de los ciudadanos de sus propios derechos a la propiedad y a la libertad a través de impuestos y controles, porque esos beneficios implican inversiones dirigidas. 

Mientras que los verdaderos derechos como la libertad de expresión, la seguridad jurídica, la libertad no tienen costo  presupuestal directo, los beneficios, sí. Esa es la gran diferencia.  Conceder derechos de segunda y tercera generación a sectores improductivos de la sociedad implica limitar los derechos de primera generación de los sectores productivos.  Esa es la realidad que están viviendo en Grecia, España y otros lugares del mundo, donde sin cuestionarse un segundo, se concedieron al electorado más beneficios de los que podía resistir una economía normal. 

Y están pagando el precio con una recesión que obligará a trabajar a todos porque al final del camino siempre se tropezarán con una ley económica inderogable: no hay almuerzo gratis.